Trump impulsa un plan que privaría de cualquier atención médica a miles de migrantes en EE.UU.

20 enero 2020
bandera de Estados Unidos junto a un estetoscopio

En EE.UU., el Gobierno federal pretende utilizar el acceso a la sanidad como herramienta para endurecer las condiciones de entrada y estancia de los migrantes. El plan consiste en negar la residencia a todo aquel que necesite ayudas sociales e impedir la llegada de quienes no puedan pagarse un seguro médico.

Muchos inmigrantes que no cuentan con un seguro médico, reciben atención en establecimientos como la Clínica del Pueblo en Washington. Ese centro médico tiene abiertas sus puertas a todo el mundo, una anomalía en un país sin sanidad pública universal. La Clínica del Pueblo empezó como una ONG fundada por salvadoreños exiliados de la guerra en su país. Ahora, como clínica federal, también atiende a pacientes con seguro, aproximadamente el 60 %. Con ellos suplen la falta de ingresos del resto.

«La Clínica del Pueblo es un lugar tan grande y comunitario que atiende a todo tipo de personas, tengan seguro o no», comenta Xiomara Avilés de Chávez, una paciente de ese centro médico. Anualmente, la Clínica del Pueblo atiende a unos 5.000 pacientes y más del 85 % son inmigrantes latinoamericanos.

Pero el temor a pedir asistencia médica entre los inmigrantes ha aumentado. El Gobierno estadounidense pretende implantar varios decretos que penalizan el cuidado sanitario para ese sector de población. Uno de ellos, la conocida como carga pública, por la que las autoridades pueden denegar la residencia si el solicitante ha pedido en el pasado determinados beneficios sociales como cartillas de alimentación, ayudas a la vivienda o programas federales sanitarios.

Además, el presidente Donald Trump quiere directamente endurecer la entrada al país estableciendo como requisito obligatorio la obtención de un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a la llegada. Otra opción, sería demostrar que se tiene dinero suficiente para sufragar determinados gastos médicos. Por el momento, asociaciones y jueces han conseguido suspender estas medidas.

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