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NACIONAL. Proponen limitar candidaturas de procesados con detención preventiva

27 junio 2014
gregorio-santos

El secretario ejecutivo de Transparencia, Gerardo Távara, consideró necesario un amplio debate sobre la posibilidad de limitar que un procesado por la justicia con detención preventiva, postule a un cargo de elección popular.

A propósito del caso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, detenido por presuntos delitos de corrupción y quien volvería a tentar el cargo, Távara dijo que actualmente la ley sí permite esa posibilidad, pues rige el principio de presunción de inocencia, el cual solo caduca cuando hay una sentencia firme del Poder Judicial.

Sin embargo, dijo, tratándose de cargos con capacidad de tomar decisiones de gobierno y manejar recursos públicos, sería conveniente discutir y establecer ciertos requisitos, a fin de limitar el acceso de personas con indicios razonables de culpabilidad en la comisión de delitos.

Távara aclaró que esta eventual propuesta no está dirigida a Santos ni a ninguna otra autoridad con detención preventiva, pues, de concretarse, regiría recién para las próximas elecciones y no para las de octubre próximo.

Señaló que una alternativa legal podría ser no permitir la postulación de procesados que ya cuentan con denuncia fiscal, un nivel de procesamiento superior a la prisión preventiva.

«Si es que hay una acusación fiscal podría establecerse que sea una restricción para postular a un cargo de elección popular; antes de eso debe prevalecer la presunción de inocencia, reconocida universalmente», afirmó.

En todo caso, refirió que es un debate en el cual deben participar los organismos electorales, colegios de abogados y juristas especializados, para no afectar el principio de la presunción de inocencia.

En el tema particular de Gregorio Santos, Távara consideró necesario tener mucho cuidado para que la prisión preventiva no termine victimizándolo y, de alguna manera, generar apoyos en ciertos sectores de Cajamarca para favorecer su eventual candidatura.

«Es responsabilidad del Ministerio Público y la Procuraduría explicar muy bien a la opinión pública de Cajamarca que esto no es ninguna persecución política y que los delitos imputados son por actos de corrupción», afirmó.

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