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NACIONAL. Grupo Orellana infiltró la Sunarp para convalidar el lavado de activos

4 julio 2014
SUNARP

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) es una pieza clave en la red de corrupción de la organización de Rodolfo Orellana Rengifo, según las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría de Lavado de Activos.

Según una investigación policial, los informes legales o de catastro estaban listos, incluso antes de que Orellana decidiera registrar un inmueble, a favor de uno de sus asociados.

En todo este entramado registral un nombre recurrente es el del registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina. Él aparece en el registro realizado por Consorcio Gerencial SAC de un inmueble en San Borja despojado a Gilberto Orosco.

También, aparece en los casos de la comunidad de trabajadores de la ex CPT (Cervatel), la plaza de toros «Sol y Sombra» de Giovanni Paredes y la cochera del estadio de Alianza Lima, en La Victoria, entre otros.

Pero, un caso que ilustra todas estas irregularidades es lo sucedido con los lotes 1, 2 y 3 de la familia Canales, ubicados en la Panamericana Sur.

Consorcio Gerencial SAC, representado por Jorge Miguel Pérez Chavez, se apoderó primero del lote 2 mediante una dación de pago, a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Empleados Civiles de la Marina de Guerra del Perú (Coopemmar).
En el 2007, Coopemmar fue puesto en liquidación de manera fraudulenta por Consorcio Gerencial SAC, mediante una deuda inexistente. Después, y con la colaboración expeditiva de jueces del Callao, utilizaron esta acción para despojarla de otros de sus bienes.

El lote 2 fue supuestamente adquirido en Ayacucho por la abogada Mariella García Blasquez por 80 mil soles, y vuelto a vender a Mike Davis Torres Torres por un millón 158 mil dólares, de los que se paga 158 mil y se hipoteca el bien por el saldo.

Luego, Torres reconoce ser deudor de Coopemmar y le entrega el terreno en dación de pago por una deuda de 100 mil dólares. La Sunarp registra la propiedad a favor de Coopemmar. Con ese registro, Consorcio Gerencial SAC alquila la propiedad a Ambrose Global.

Y mientras Carola Canales Cayo batallaba en los juzgados civiles por sus derechos, entra en escena Eduardo Smith Rodríguez. Este afirma haber comprado en agosto de 1983 un terreno de 26,383 metros cuadrados, en la Panamericana Sur, a la empresa Inversiones Real State del Perú.

Smith reclama la posesión mediante un laudo arbitral, sin que Real State, aparezca. Así, el árbitro reconoce la propiedad de Smith, lo que incluye los lotes 1,2 y 3.

La Republica

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