NACIONAL. Contraloría desestimó denuncia y solicitud de protección de Yeni Vilcatoma

10 diciembre 2014

La Contraloría General de la República informó este martes que está impedida de acoger la denuncia de la exprocuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma debido a que no está enmarcada en lo señalado por la ley.

A través de un comunicado, Contraloría precisó que según su Ley Orgánica y la Ley de Protección al Denunciante, es el Sistema Nacional de Denuncias (Sinad) la instancia encargada de recibir y valorar denuncias relativas a actos u operaciones arbitrarias o ilegales que afecten los recursos y bienes del Estado en una entidad pública.

En ese marco, informó que tras revisar cuidadosamente la denuncia de Vilcatoma, el Sinad concluyó que los hechos expuestos por ella no están referidos a operaciones arbitrarias o ilegales cuya consecuencia sea perjuicio contra los recursos y bienes del Estado en una entidad pública.

Es decir, indica el comunicado, los hechos denunciados están fuera de la competencia del Sinad.

Recuerda, además, que el otorgamiento de medidas de protección y beneficios solicitados por los denunciantes está supeditado a que el hecho denunciado sea de competencia del Sinad, “lo que no acontece en este caso”.

“Así las cosas, el principio de legalidad impide a la Contraloría General de la República acoger esta denuncia, dejando a salvo el derecho de la Dra. Yeni Vilcatoma para que lo haga valer en la vía que corresponda”, señala el comunicado.

Vilcatoma denunció haber sido víctima de indirectas presiones de parte del ministro de Justicia, Daniel Figallo, para direccionar su trabajo en la Procuraduría Anticorrupción a fin de favorecer al prófugo empresario Martín Belaunde Lossio.

El ministro Figallo negó las acusaciones y dispuso dejar sin efecto el nombramiento de Vilcatoma en la Procuraduría Anticorrupción, ante lo cual la exdefensora del Estado puso su caso en conocimiento de la Contraloría, a fin de recibir los beneficios de la Ley de Protección al Denunciante.

Dicha norma, aprobada por el Congreso el 2010, dispone la ejecución de medidas de protección a los funcionarios que denuncian actos de corrupción en las entidades públicas.

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