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INTERNACIONAL. Diputada destituida por gobierno de Maduro exige protección de la OEA en Venezuela

16 junio 2014
maria corina machado

Puesta entre la espada y la pared por el asedio del Gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, ex diputada y dirigente de la oposición venezolana, llevó el fin de semana a la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas una solicitud de protección de sus derechos civiles.

Machado, que ya fue despojada en marzo pasado de su investidura de diputada por la directiva oficialista de la Asamblea Nacional, deberá acudir hoy a declarar ante las autoridades de la policía política y de la Fiscalía. Los cuerpos de inteligencia del Gobierno aseguran tener evidencias de un plan que se estaría tramando para atentar contra las vidas del presidente Maduro y de otros funcionarios, complot del que Machado sería parte.

La ex precandidata presidencial es una de las figuras opositoras más aborrecidas por el chavismo gobernante. En enero pasado, junto al ex alcalde y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López (en una cárcel militar desde el 18 de febrero), se puso a la cabeza de una facción opositora denominada La Salida que, como su nombre sugiere, propugna el desalojo de Maduro del poder.

Desde esa posición dio respaldo a la oleada de protestas callejeras que azotó varias ciudades venezolanas en febrero, con un saldo de 44 muertos y más de 3.000 detenidos.

La petición de Machado al organismo hemisférico fue recibido por el representante de la OEA en Caracas, Miguel Ángel Trinidad. El documento hace alusión a la manera sumaria en la que la entonces diputada por el Estado de Miranda fue destituida de su cargo en marzo pasado. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció que Machado había perdido su escaño al presentarse ante una sesión de la OEA en Washington como miembro de la delegación panameña.

A partir de entonces, se impidió a manu militari el acceso de la parlamentaria defenestrada al hemiciclo. Pocos días más tarde, el 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión, sin escuchar los alegatos de la afectada.

Durante ese proceso relámpago, sostiene Machado, le fueron privados sus derechos a la participación política y a la defensa frente a las acusaciones.

La Republica

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