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AREQUIPA. Contraloría detecta presunto perjuicio al Estado por más de S/ 2 millones en “Megaproyecto Salaverry” Región Arequipa

23 noviembre 2016
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La Contraloría General detectó que funcionarios del Fondo Mivivienda (FMV) habrían favorecido al postor que obtuvo la buena pro para la ejecución del “Megaproyecto Salaverry –Miraflores – Mariano Melgar” en la Región Arequipa, ocasionando al Estado un perjuicio económico por 2 millones 405 mil soles.

El “Megaproyecto Salaverry” es un proyecto para facilitar el acceso a viviendas dignas a la comunidad, su ejecución, bajo la modalidad del programa Techo Propio, se dio en el marco de un convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Defensa, el cual transfirió un terreno de más de 283 mil metros cuadrados para que ahí se ejecuten las obras.

La Contraloría identificó que los funcionarios que conformaron el comité especial del FMV habrían inobservado la normativa de contrataciones vigente al no incorporar en las bases administrativas del concurso público el valor comercial del terreno, sino el valor por el cual fue transferido (S/ 1 el metro cuadrado) por lo que la empresa inmobiliaria adjudicataria, Altozano Desarrollo y Construcción SAC, pagó al Estado 283 mil 842 soles por un terreno cuyo valor comercial determinado ascendió a 2 millones 689 mil soles.

Asimismo, se advierte que el comité especial, no consideró requerir a la empresa Altozano Desarrollo y Construcción SAC el sustento de su experiencia en proyectos inmobiliarios similares, que era lo exigido por las bases del concurso.

Del mismo modo, se evidenció que los funcionarios autorizaron al promotor inmobiliario que tras construir el mínimo de viviendas requeridas por el megaproyecto construyan otras bajo las condiciones, diseño y precio que estimen convenientes, contraviniendo la finalidad social establecida en los convenios de cooperación interinstitucional suscritos entre los ministerios.

Los resultados de la auditoría de cumplimiento al FMV, por el periodo del 1° de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2014, se remitieron a la Procuraduría Pública de la Contraloría General que presentó en mayo de este año la denuncia ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

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